San Luis Potosí, SLP. — Cobros ilegales que van de 10 mil a 30 mil pesos es lo que presuntamente solicitan corporaciones de seguridad para permitir la circulación de vehículos de procedencia extranjera, situación que motivó una manifestación pacífica este jueves por parte de la Asociación Campesinos y Trabajadores en Lucha por tu Patrimonio (CTLP).
La protesta fue encabezada por Elizabeth Gómez Suárez, presidenta de la organización, y partió desde la Plaza de Toros, sobre avenida Universidad, avanzando por la carretera 57 hasta las instalaciones de la Guardia Nacional.
La dirigente social denunció que, tras la conclusión del decreto presidencial para la regularización de autos de procedencia extranjera, los propietarios de estas unidades han sido víctimas de extorsión por parte de corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno, quienes —aseguró— les impiden circular tanto en la ciudad como en las carreteras.
Gómez Suárez explicó que el monto exigido varía dependiendo del modelo del vehículo, pero oscila entre los 10 mil y 30 mil pesos, bajo amenazas de decomiso. En ese sentido, subrayó que los propietarios de estos vehículos contribuyen a la economía nacional, al consumir gasolina, refacciones, llantas y otros insumos en el país, por lo que consideró que también tienen derecho a circular.
Asimismo, informó que ya se promovió un amparo a nivel nacional para solicitar la emisión de un nuevo decreto de regularización, y exhortó a las corporaciones policiacas a cesar la intimidación, extorsión y decomiso de vehículos, mientras se define si habrá un nuevo periodo para legalizar estas unidades.
La dirigente sostuvo que el ingreso de vehículos extranjeros a México nunca ha logrado frenarse, por lo que consideró que este fenómeno persistirá, haciendo necesaria una nueva estrategia de regularización.
Cabe recordar que durante el último proceso de regularización, iniciado en el sexenio pasado y que concluyó el 31 de diciembre de 2025, fueron legalizados alrededor de 100 mil vehículos en San Luis Potosí, mientras que unos 40 mil más permanecen en espera.
