La organización civil Cambio de Ruta, A.C. promovió un juicio de amparo indirecto para frenar la ampliación del parque acuático Splash, proyecto que se desarrolla al interior del Parque Tangamanga I, al advertir posibles irregularidades en materia ambiental, uso del agua y legalidad administrativa.
El recurso fue presentado el pasado 28 de enero ante juzgados federales del Noveno Circuito Judicial, por el director de la organización, Luis González Lozano, quien argumentó interés legítimo, tanto en su carácter de representante de una asociación ambientalista como en su calidad de usuario habitual del parque.
En la demanda se señala una posible vulneración a los derechos humanos a un medio ambiente sano, al acceso al agua y a la participación ciudadana en decisiones con impacto ambiental. Entre los principales señalamientos destaca la presunta ausencia de una Manifestación de Impacto Ambiental debidamente autorizada, a pesar de que el proyecto contempla demolición de infraestructura, movimiento de tierra, instalación de nuevas atracciones acuáticas y un uso intensivo del recurso hídrico.
La organización también cuestiona la falta de permisos para el cambio de uso de suelo, así como la inexistencia de autorizaciones públicas verificables para la poda o remoción de arbolado dentro del parque, considerado el principal pulmón verde de la capital y un espacio estratégico para la regulación ambiental urbana.
Otro eje central del amparo es el uso del agua, ya que, de acuerdo con la demanda, no se ha acreditado la existencia de una concesión o asignación válida para la extracción del recurso, en un contexto de sobreexplotación del acuífero de San Luis Potosí. Además, se advierte la falta de estudios técnicos que garanticen la sustentabilidad del proyecto y el manejo adecuado de las aguas residuales.
En el juicio se solicita la suspensión provisional y definitiva de las obras, al considerar que permitir su continuidad podría derivar en daños ambientales irreversibles, como la pérdida de arbolado adulto y de servicios ecosistémicos que no podrían ser restituidos, incluso en caso de una sentencia favorable.
Finalmente, Cambio de Ruta subrayó que la acción legal no busca frenar el desarrollo ni la mejora de espacios recreativos, sino exigir que cualquier proyecto público se ejecute conforme a la ley, con transparencia, sustento técnico y participación ciudadana, particularmente en un escenario de crisis hídrica y creciente presión sobre las áreas verdes de la ciudad.
