El presidente de la Directiva del Congreso del Estado, Luis Fernando Gámez Macías, anunció que solicitó formalmente al Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) una nueva auditoría especial a la obra de infraestructura ejecutada por el Ayuntamiento de San Luis Potosí, cuyo costo asciende a 244.9 millones de pesos, al considerar que persisten dudas sobre la integración de su presupuesto y los precios de los trabajos.
Desde tribuna, el legislador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) respondió a las declaraciones que realizó el alcalde Enrique Galindo Ceballos, quien defendió la legalidad del procedimiento de licitación y el costo de la obra. Sin embargo, Gámez sostuvo que contar con autorizaciones administrativas no significa que el gasto público esté exento de revisión «¿Puede que un procedimiento haya sido autorizado y eso significa que el costo final está exento de revisión? Por supuesto que no. Confundir la simple formalidad de un trámite con la responsabilidad del gasto es una simplificación ligera», expresó.
El diputado cuestionó que la justificación de los 244.9 millones de pesos se haya centrado en explicar conceptos como el IVA, la construcción de un colector y la instalación de superpostes de alumbrado, por lo que demandó conocer cuánto cuesta cada componente y bajo qué criterios se establecieron los precios unitarios «Los 245 millones de pesos son recursos públicos, constantes y sonantes. Por tal motivo exigimos conocer cuánto cuesta cada concepto, bajo qué criterios se elevaron los precios unitarios y también queremos saber si lo que se paga corresponde realmente con lo recibido», manifestó.
Como parte de sus exigencias, el legislador planteó tres puntos para que el Ayuntamiento aclare el ejercicio de los recursos: hacer público el expediente técnico completo, incluido el catálogo de conceptos y precios unitarios; transparentar la licitación, las propuestas económicas, el dictamen de aval y los beneficiarios finales del contrato; y explicar documentalmente cómo se determinó el costo de cada componente.
Finalmente, aclaró que los señalamientos no buscan frenar las obras de infraestructura en la capital, sino revisar que el dinero público se ejerza conforme a criterios técnicos y presupuestales.
