La falta de elementos y de inversión en las corporaciones municipales representa uno de los principales pendientes en materia de seguridad pública en San Luis Potosí, reconoció el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, quien señaló que existen ayuntamientos que cuentan únicamente con seis o siete policías para atender a toda su población.
Durante un encuentro con representantes del sector empresarial, el mandatario aseguró que, aunque San Luis Potosí se encuentra entre las entidades con mejores indicadores de seguridad en el país, todavía enfrenta problemas relacionados con delitos del fuero común, como robos de vehículos, asaltos a comercios, bodegas y viviendas.
Gallardo Cardona explicó que la falta de vigilancia municipal obliga a la Guardia Civil Estatal a intervenir en colonias y comunidades donde las corporaciones locales no tienen capacidad suficiente para responder a las necesidades de seguridad. Incluso mencionó que hay municipios donde los pocos elementos disponibles deben dividirse entre la vigilancia de edificios públicos y otras tareas.
El gobernador sostuvo que el fortalecimiento de las policías municipales es indispensable, pues consideró que los delitos que afectan cotidianamente a las familias no pueden atenderse únicamente desde el ámbito estatal. En ese sentido, hizo un llamado a los ayuntamientos para que incrementen la inversión en personal, capacitación, equipamiento y patrullajes.
Por otra parte, destacó que su administración destina alrededor de 6 mil 700 millones de pesos anuales a seguridad pública, equivalente al 10 por ciento del presupuesto estatal, que asciende a aproximadamente 67 mil millones de pesos.
También aseguró que el salario mínimo de los elementos estatales es de 22 mil pesos mensuales, mientras que algunos mandos perciben entre 40 mil y 50 mil pesos, como parte de una estrategia para mejorar las condiciones laborales y reducir los riesgos de corrupción.
El mandatario insistió en que la seguridad requiere coordinación entre los tres órdenes de gobierno y que los municipios deben asumir la responsabilidad que les corresponde para atender los delitos que afectan directamente a la ciudadanía.
