-Reitera su disposición al diálogo y pide acuerdos concretos que permitan preservar la operación de las empresas y evitar afectaciones al país
La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) hace un firme llamado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a la Cámara de Diputados y al Senado de la República para revisar las condiciones de acceso al estímulo fiscal por el pago de peajes y atender las alternativas presentadas por el sector.
La institución reafirma que su propósito es mantener en movimiento las mercancías y contribuir al desarrollo de México. Su actuación seguirá siendo responsable y respetuosa de las instituciones; sin embargo, no puede permanecer al margen de decisiones que comprometan la viabilidad de las empresas transportistas, sus inversiones y las fuentes de empleo que generan.
«No estamos pidiendo privilegios ni pretendemos dejar de cumplir nuestras obligaciones fiscales», afirmó Augusto Ramos Melo, presidente nacional de CANACAR, durante una conferencia de prensa, al señalar que el sector requiere condiciones que reconozcan su realidad económica y le permitan continuar prestando un servicio indispensable para el país.
Como parte de las gestiones realizadas, CANACAR ha sostenido reuniones con representantes de los poderes Legislativo y Ejecutivo, participado en mesas de trabajo y presentado argumentos y alternativas. Asimismo, ha mantenido interlocución con otras cámaras y asociaciones para impulsar la atención de esta problemática.
Aunque reconoce la disposición de las autoridades para escuchar sus planteamientos, la Cámara advierte que los encuentros sostenidos aún no han producido la respuesta que necesitan los transportistas.
Entre las propuestas dadas a conocer por el presidente de la Cámara se encuentra mantener el umbral de ingresos de 300 millones de pesos para acceder al estímulo fiscal por el acreditamiento de casetas de peaje. Asimismo, plantea que el límite de 250 millones de pesos opere de manera proporcional y permita aplicar el acreditamiento hasta ese monto, sin extenderlo a los ingresos excedentes.
El objetivo es equilibrar la política fiscal con la continuidad operativa, la competitividad y la estabilidad de las empresas.
«Hemos acudido a mesas de trabajo, hemos presentado argumentos, hemos propuesto alternativas. Lo que pedimos es que nuestras razones se traduzcan en decisiones», sostuvo Ramos Melo.
La Cámara subraya que esta discusión no debe limitarse a una cifra o a un artículo de la Ley de Ingresos. Las decisiones fiscales inciden en la capacidad de las empresas para invertir, cumplir sus compromisos y sostener el traslado de mercancías, en un entorno en el que el sector enfrenta problemas de inseguridad.
A estas presiones se suman los recursos destinados a proteger a los operadores y las unidades, así como los tiempos y trámites que enfrentan las compañías para recuperar y reincorporar a sus actividades los vehículos que han sido objeto de robo.
CANACAR ha apostado por el diálogo y exige que este se traduzca en soluciones. No busca afectar al país, pero no es permisible que se comprometa la viabilidad de quienes lo mantienen en movimiento.
Es momento de que Hacienda y el Congreso actúen: proteger al autotransporte de carga es proteger el abasto, el empleo y la economía de México.
