Mientras el alcalde Enrique Galindo Ceballos presume avances en confianza y desempeño de la Policía Municipal de San Luis Potosí, tres integrantes de la corporación dos agentes y un cadete fueron detenidos por la Guardia Civil Estatal y puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, luego de un operativo en el que también fueron asegurados un vehículo y un portafolio.
El contraste resulta incómodo para el discurso municipal. Apenas el pasado 11 de septiembre, Galindo aseguró que la Policía Municipal había logrado “recuperar la confianza ciudadana” y destacó que, a diferencia de otras administraciones, actualmente la corporación ya no enfrenta los escándalos que, según dijo, la caracterizaron en otras épocas.
También reconoció que todavía existen quejas relacionadas con el desempeño de algunos elementos. Los datos del INEGI muestran una mejoría, aunque tampoco colocan a la corporación como la autoridad de seguridad que más confianza genera entre los potosinos. La ENSU correspondiente a marzo de 2026 ubicó en 58.1% la confianza en la Policía Preventiva Municipal de San Luis Potosí, mientras que la Policía Estatal alcanzó 62% y las corporaciones federales registraron niveles superiores.
En cuanto a eficacia, el Ayuntamiento reportó con base en la misma ENSU que la Policía Municipal alcanzó 49.2 por ciento de percepción de eficacia. A nivel nacional, la percepción de desempeño de las policías preventivas municipales fue de 50.8% en marzo de 2026, por lo que el resultado de la capital potosina se encuentra prácticamente en ese rango.
Y mientras se habla de profesionalización y mejores condiciones para los agentes, la administración municipal también ofrece actualmente un sueldo superior a 14 mil pesos mensuales para quienes concluyen su formación como policías municipales, además de prestaciones superiores a las de ley, seguro de vida, gastos médicos, vacaciones y posibilidades de ascenso. La propia convocatoria oficial del Ayuntamiento presume que se trata de “una de las mejores Policías Municipales del país”.
El caso de los tres detenidos pone nuevamente a prueba ese discurso: dos mujeres fueron identificadas como policías municipales y el tercero como cadete. Los tres quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado, que deberá determinar su situación jurídica. Para el gobierno de Enrique Galindo, el reto ahora no sólo será presumir cifras de confianza, sino explicar qué estaban haciendo integrantes de su corporación en el lugar de los hechos y qué controles existen para evitar que elementos que deberían garantizar seguridad terminen involucrados en situaciones que ameriten una puesta a disposición ante la Fiscalía.


