En 7 meses transcurridos del año 2026, la Fiscalía General del Estado (FGE) de San Luis Potosí, promedió 13 carpetas de investigación mensuales por el delito de privación ilegal de la libertad.
Entre los meses de enero y julio del año en curso, la población potosina acudió al Ministerio Público para denunciar un total de 91 denuncias por el ilícito en comento.
De las 91 querellas formalizadas 10 se interpusieron en el mes de enero; 10 en el mes de febrero; 12 en el mes de marzo; 16 en el mes de abril; 15 en el mes mayo; 14 en el mes de junio; y 14 en el mes de julio.
El mes de abril fue el de mayor incidencia con 15 asuntos ministeriales, de acuerdo con el reporte mensual del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
La privación ilegal de la libertad se impondrá de 6 meses a 3 años de prisión y de 70 a 300 días de sanción pecuniaria, al particular que prive a otro de su libertad, sin el propósito de obtener un lucro, establece el artículo 156 del Código Penal del Estado.
Indicó que la pena de prisión se aumentará hasta en una mitad cuando exceda de 24 horas; se realice con violencia; la víctima sea menor de 18, o mayor de 60 años de edad; o por cualquier circunstancia, la víctima esté en situación de inferioridad física o mental respecto de quien la ejecuta.
