Con el objetivo de mejorar la convivencia social y mantener el orden público, desde hace unos días San Luis Potosí ya cuenta con la Ley de Justicia Cívica del Estado y Municipios.
Para el caso de las autoridades de las instituciones municipales y estatales de seguridad, deberán prevenir la comisión de infracciones y/o faltas administrativas, preservar la seguridad ciudadana, el orden público y la tranquilidad de las personas.
Así como registrar las detenciones y remisiones de personas probables infractoras realizadas por las personas que integran la corporación a su cargo; y documentar y analizar, de manera sistemática, la información relativa a la incidencia de infracciones y/o faltas administrativas y conflictos comunitarios.
Los municipios, podrán contar con los Juzgados Cívicos necesarios para cumplir los fines propios de esta Ley, de conformidad a su densidad demográfica, incidencia de infracciones y/o faltas administrativas.
La nueva disposición explicó que los ayuntamientos deberán garantizar la capacitación constante y permanente de las y los Jueces Cívicos y demás personal adscrito al Juzgado, en los siguientes aspectos mínimos:
Justicia cívica; mecanismos alternativos de solución de controversias; justicia restaurativa; justicia para adolescentes; derechos humanos; cultura de legalidad; proximidad social; y protocolos de actuación policial.
Destacó que los detenidos tienen derecho a: recusar con justa causa a la o el juez, a la o el secretario, así como a la o el facilitador que le haya sido asignado; ser informados al momento si la queja impuesta no constituye una falta administrativa; y que se les reciban las pruebas con las que cuente.
Además, que se les repare el daño causado, en los casos que proceda; recibir orientación jurídica en cualquier momento; recibir la asistencia de un intérprete o traductor en caso que no comprenda el idioma español, y recibir los apoyos necesarios, en caso de ser persona con discapacidad.


