El alcalde de Enrique Galindo Ceballos volvió a mostrar distancia frente a las exigencias ciudadanas al minimizar la movilización de ciclistas en la capital, reduciéndola a “más una conmemoración” que a una protesta legítima por la falta de infraestructura y seguridad vial.
Mientras decenas de personas salieron a las calles para exigir condiciones dignas, ciclovías funcionales y el cumplimiento de promesas hechas por su propia administración, el edil optó por restarle peso al movimiento, ignorando el trasfondo: una ciudad donde moverse en bicicleta implica arriesgar la vida.
Lejos de asumir responsabilidad, Galindo justificó el despliegue policial argumentando que fue “por su seguridad”, asegurando que ordenó el acompañamiento en avenidas como Salvador Nava. Incluso advirtió que los manifestantes “podían cometer infracciones” y que corrían peligro, discurso que termina colocando la carga en los propios ciudadanos en lugar de en la falta de condiciones adecuadas.
Sin embargo, las denuncias de los ciclistas apuntan a otra realidad: hostigamiento por parte de Policía Vial durante la movilización. Ante esto, el alcalde se limitó a repetir que “respeta su manifestación”, sin profundizar ni ofrecer claridad sobre posibles abusos de autoridad.
El mensaje es contradictorio: por un lado se presume apertura “están abiertas las puertas”, pero por el otro se deslegitima una protesta que nace precisamente del incumplimiento de esas promesas.
Para colectivos y ciudadanos, la inconformidad no es simbólica ni conmemorativa: es resultado de años de abandono a la movilidad ciclista, proyectos detenidos y una infraestructura que simplemente no existe o quedó en el discurso.
En una ciudad donde cada rodada puede convertirse en un riesgo, la postura del gobierno municipal parece más enfocada en justificar su actuar que en resolver el problema de fondo.
