Luego de que el INEGI diera a conocer que hasta el 98% de los contratos en municipios se asignan por adjudicación directa o restringida, el diputado local Luis Fernando Gámez anunció que impulsará una iniciativa para corregir esta práctica y fortalecer la transparencia en el uso de recursos públicos.
El legislador señaló que este esquema no abona a la institucionalidad ni a la confianza ciudadana, al tiempo que subrayó que los potosinos tienen derecho a conocer con claridad cómo se ejerce el gasto público y a tener certeza de que los procesos de contratación se apegan a la legalidad.
En ese sentido, adelantó que desde el Congreso se buscará “blindar” los mecanismos de contratación, además de trabajar en conjunto con el Instituto de Fiscalización Superior del Estado para promover capacitaciones dirigidas a funcionarios municipales, particularmente en materia de licitaciones y rendición de cuentas.
Gámez advirtió que la adjudicación directa ha derivado en irregularidades recurrentes detectadas en auditorías, como la contratación de empresas que no cumplen con requisitos o incluso negocios inexistentes. “Son compañías que en papel prestan servicios, pero al verificar su domicilio, resultan ser lugares donde nadie las conoce”, explicó.
Ante este panorama, hizo un llamado a los alcaldes de los 59 municipios del estado a actuar con responsabilidad y fortalecer sus órganos internos de control, a fin de evitar observaciones que podrían derivar en sanciones administrativas o incluso penales.
Finalmente, el diputado enfatizó que el objetivo es construir un San Luis Potosí sin impunidad, donde el ejercicio del gasto público se rija por principios éticos y de transparencia, garantizando a la ciudadanía que los recursos se destinan correctamente y en beneficio colectivo.
