Aunque Manuel Azpíroz nació en la ciudad de Puebla, su labor como fiscal militar en el proceso contra Maximiliano de Habsburgo está íntimamente ligada a la estancia del gobierno republicano en San Luis Potosí.
Durante el tiempo en que nuestra capital funcionó como el centro político de México, Azpíroz fue uno de los juristas que trabajó en la fundamentación legal de la soberanía nacional.
Su rigor para redactar la acusación final no fue solo un trámite, sino el resultado de un debate intelectual profundo que se gestó en los despachos de la calle de Madero, donde los mejores abogados del país se reunieron para poner fin a la intervención francesa.
Tras el fusilamiento en Querétaro, Azpíroz continuó una destacada carrera diplomática, sirviendo como embajador en Estados Unidos, donde siempre defendió la autonomía mexicana.
Al cumplirse hoy un aniversario de su partida, es fundamental reconocer que la justicia que se aplicó al Imperio tuvo un respaldo técnico que se nutrió del ambiente liberal potosino.
Azpíroz representa esa generación de hombres de leyes que entendieron que la defensa de la patria también se libraba en los tribunales y en la claridad de los códigos.
Su legado nos recuerda que la ley es el cimiento más firme de nuestra libertad y que San Luis fue el laboratorio donde se escribió el punto final de una era de ocupación extranjera.


