La Comisión Nacional del Agua (Conagua) llevó a cabo en San Luis Potosí la entrega de títulos de concesión a productores que se incorporaron al decreto federal de regularización. Más allá del acto protocolario, el evento sirvió para reconocer públicamente problemas de fondo en la gestión hídrica del país: sobreconcesionamiento, trámites rezagados y distorsiones en el uso del recurso.
El acto fue encabezado por el subdirector general de Administración del Agua, Mauricio Rodríguez Alonso, junto con el director local del organismo, Darío Fernando González Castillo.
Certeza jurídica para productores
De acuerdo con autoridades locales, los documentos entregados corresponden a los primeros casos regularizados bajo el decreto emitido por instrucción presidencial, el cual permitió a usuarios con concesiones vencidas actualizar su situación siempre que cumplieran con requisitos básicos.
El objetivo, explicaron, es devolver certeza jurídica a productores cuyos títulos habían perdido vigencia, permitiéndoles mantener formalmente el derecho de uso del agua.
Sin embargo, se reconoció que no todos los casos pudieron incorporarse al esquema. Existen solicitudes pendientes —como prórrogas o dotaciones en distritos de riego— que deberán revisarse de manera individual.
Durante el encuentro con productores de municipios como Villa de Ramos, Ébano, Rioverde y Villa de Arista, el director local subrayó que la regularización busca reducir la incertidumbre en el campo y garantizar que los usuarios no queden en estado de indefensión administrativa.
Electricidad agrícola y apoyos vigentes
En el mismo evento, el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Guillermo Andrés Rivera Vázquez, informó que se ha fortalecido la coordinación con dependencias federales para atender adeudos históricos vinculados al consumo eléctrico agrícola.
Señaló que, tras una auditoría practicada a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), algunos productores comenzaron a ver reflejados saldos en ceros en recibos recientes.
También destacó que el programa TEGUA mantiene abiertas sus ventanillas y suma aproximadamente 2 mil 500 productores inscritos en el periodo actual.
Un problema estructural: más concesiones que agua disponible
El mensaje más relevante fue el del subdirector general de Administración del Agua, quien advirtió que México enfrenta las consecuencias de décadas de sobreconcesionamiento.
Según explicó, existen regiones donde el volumen concesionado supera incluso el doble de la disponibilidad real del recurso, generando desequilibrios que hoy impactan en la planeación hídrica.
Rodríguez Alonso sostuvo que en el pasado se otorgaron títulos que nunca se tradujeron en infraestructura o aprovechamiento efectivo. Hubo casos en los que los titulares conservaron los documentos sin perforar pozos ni utilizar el volumen autorizado, lo que posteriormente
abrió la puerta a la comercialización del agua.
Como ejemplo, mencionó el caso de Zacatecas, donde el metro cúbico llegó a venderse en porcentajes elevados respecto al valor original del título.
Además, reveló que al inicio de la actual administración federal se detectaron alrededor de 145 mil trámites rezagados en la Conagua, muchos vinculados a renovaciones detenidas durante la pandemia o a fallas en sistemas administrativos.
La estrategia, aseguró, se centra en dos frentes: abatir el rezago acumulado y regularizar concesiones mediante el decreto vigente.
La entrega de títulos en San Luis Potosí, así, no solo representa un trámite administrativo cumplido, sino un intento por ordenar un sistema que arrastra distorsiones históricas en la administración del agua en México.
